Como asesor de la Secretaría de Turismo de la Nación había trabajado más de un año y medio con autoridades nacionales y de puertos provinciales para avanzar en los términos del "Protocolo de Puertos Cruceros de la República Argentina", con el objeto de hacer más competitivo al país en materia de arribo de cruceros y negociar importantes cuotas de abastecimiento con productos nacionales, nos sólo a los buques que tocaban puerto locales, sino a  las flotas de  cruceros a las cuales pertenecían.

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En la reunión decisiva que se celebró en Buenos Aires para cerrar el acuerdo, presidida por el Ministro de Turismo de la Nación y la presencia de los titulares nacionales de Aduana, Migraciones Prefectura, Senasa, Puertos y Vías Navegables y puertos de Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Madryn y Ushuaia, en una inesperada, desconcertante y nefasta postura del personaje que estaba a cargo del puerto de Ushuaia, boicoteó sin el más mínimo argumento racional un gran paso para el país y para la provincia por lo que, al no sumarse el puerto de mayor cantidad de recaladas turísticas del país, la iniciativa perdía sustento.

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Tal como se planteaba, luego de avanzar en el Protocolo, la Nación avanzaría en una Ley Nacional, a la cual podrían adherir las provincias o dictar su propia Ley.

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A fin de intentar reparar la situación y revivir un acuerdo de gran beneficio para la provincia y el país, el Legislador Miguel Portela junto a  Legisladores de otros bloques, consideraron constructivo avanzar en la sanción de una Ley local, en línea con la filosofía y objetivos del Protocolo, con el fin de brindar seguridad jurídica, previsibilidad y confiabilidad al puerto local.

 

A tal fin y en base a lo trabajado con el Protocolo el núcleo conceptual de la misma, con una importante aporte de prestadores de servicios vinculados a la actividad de cruceros.

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A instancias una vez más de l as autoridades del Puerto, el Poder Ejecutivo vetó la Ley.

 

 

Texto de la Ley:

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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

 

TÍTULO I

POLÍTICA DE CRUCEROS TURÍSTICOS

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CAPÍTULO I

OBJETO

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Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo, así como las directrices de la actividad de cruceros turísticos que recalan en puertos provinciales.

Artículo 2º.- La presente ley se encuentra enmarcada por lo prescripto en la Constitución de la Provincia y en la Ley provincial 69 y sus modificatorias.

Artículo 3º.- Las actividades que la Provincia realizará en relación con la actividad de cruceros tienen como objetivo:

1. Constituir a Tierra del Fuego en un eficaz soporte para la actividad de buques de pasaje de origen nacional o internacional;

2. fomentar la más eficiente respuesta competitiva con los puertos provinciales, a partir del debido afianzamiento de valores como la previsibilidad y la confiabilidad, en un marco de seguridad jurídica;

3. incrementar la captación y distribución de recursos en la economía provincial, mediante el fomento y desarrollo de actividades productivas y servicios especializados, susceptibles de ser demandadas por el segmento "cruceros", con el objeto de ampliar la cadena de valor provincial, propiciar la generación de empleo, favorecer la dinamización económica y optimizar los ingresos a las arcas públicas a través de los efectos derivados de una amplia cascada tributaria y no a partir de una presión tarifaria en concepto de servicios portuarios;

4. propiciar acciones a nivel nacional e internacional con el objeto de promover la utilización de la infraestructura portuaria existente y a desarrollar en el ámbito provincial.

 

 

 

TÍTULO II
DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO PROVINCIAL
 

CAPÍTULO I
FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

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Artículo 4º.- Será función del Estado provincial fomentar y desarrollar, en el ámbito de la Provincia, toda actividad humana capaz de generar beneficios socioeconómicos, a partir de la prestación y/o producción de bienes y servicios especializados para los cruceros que recalan en puertos provinciales, o de sus flotas de pertenencia.

A tal fin, el Estado provincial deberá:

a) Impulsar, promover y desarrollar en el territorio provincial actividades productivas y de servicios, dirigidas a satisfacer los requerimientos de la actividad de cruceros, nacional o internacional;

b) implementar programas y/o regímenes especiales, tendientes a incrementar el consumo y utilización de bienes y servicios, elaborados o prestados en el ámbito provincial, por parte de la actividad de cruceros, nacional o internacional.

 

CAPÍTULO II
DE LA ASISTENCIA LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA

 

Artículo 5º.- Optimizar las capacidades logísticas de la Provincia a fin de aumentar la eficiencia provincial en materia de asistencia al segmento de "cruceros".

A tal fin, el Estado provincial deberá:

1. Dar prioridad a la construcción, adecuación u optimización de infraestructura necesaria a los fines previstos en el artículo 3º de la presente ley;

2. propiciar, en un todo de acuerdo con las prescripciones previstas en los artículos 25 y 54 de la Constitución Provincial, el desarrollo de un servicio de recuperación y procesamiento de residuos proveniente de la actividad de cruceros, complementariamente con lo establecido por la Ley provincial 585 de Política Antártica Provincial.

 

TÍTULO III
OPERADORES DE CRUCEROS

CAPÍTULO I
OPERADORES DE CRUCEROS. DEFINICIÓN

 

Artículo 6º.- A los fines de esta ley se entiende por Operadores de Cruceros:

1. Empresas propietarias de buques de pasajes legalmente constituidas y con las habilitaciones pertinentes, que operen en puertos provinciales; y

2. armadores, empresas fletadoras, transportadoras o arrendatarias legalmente constituidas y con las habilitaciones pertinentes para desarrollar las actividades previstas, que operen en puertos provinciales.

 

CAPÍTULO II
DERECHOS

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Artículo 7º.- Son derechos de los Operadores de Cruceros que operen en puertos provinciales:

1. Acogerse a los beneficios que disponga el Estado provincial en materia de actividades de cruceros;

2. trabajar con previsibilidad y seguridad jurídica en puertos provinciales; y

3. obtener el asesoramiento y asistencia de la autoridad de aplicación cuando así lo requiera.

Artículo 8º.- Los convenios de partes entre Operadores de Cruceros y organismos provinciales, que cuenten con acuerdo legislativo, tendrán fuerza de ley y establecerán seguridad jurídica inviolable por el término y en las condiciones fijadas en los mismos.

 

 

TÍTULO IV
 

REGULACIÓN TARIFARIA DE SERVICIOS

CAPÍTULO ÚNICO
 

Artículo 9º.- A los fines de esta ley, la temporada alta y baja de "cruceros" será fijada por la autoridad de aplicación con un mínimo de un (1) año de anticipación al comienzo de las mismas. En caso de omisión del acto administrativo correspondiente, se tomará como fecha de inicio el 1° de septiembre del año calendario para la temporada alta y el 1º de mayo para la temporada baja.

Artículo 10.- Las condiciones y cargos de organismos dependientes del Estado provincial que intervengan en la composición tarifaria de los servicios incluidos en el paquete de venta al público, estarán sujetos a las siguientes pautas:

1. Salvo causas de fuerza mayor, no podrán aplicarse aumentos sin mediar un acto administrativo de la autoridad competente, dictado con una antelación mínima de doce (12) meses al inicio de la temporada de aplicación;

2. salvo causas de fuerza mayor, no podrán aplicarse nuevos cargos que impliquen erogaciones imprevistas al armador, sin mediar un acto administrativo dictado con un mínimo de doce (12) meses de anticipación al inicio de la temporada de aplicación; y

3. las causas de fuerza mayor estarán debidamente fundamentadas por la autoridad competente y deberán contar con acuerdo legislativo previo.

El presente artículo no será aplicable a los servicios opcionales que toma el pasajero a su llegada al puerto de Ushuaia.

Artículo 11.- A fin de facilitar la aplicación del artículo precedente y teniendo en cuenta la lógica de la actividad turística internacional en general y la del segmento "cruceros" en particular, los cargos, tasas y otras formas de cobro de las prestaciones de los puertos y organismos dependientes del Estado provincial, conforme a lo previsto en el artículo 8° de la presente, serán expresados en dólares estadounidenses.

 

TÍTULO V
PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS DE CRUCEROS

 

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN
 

Artículo 12.- A los fines de esta ley, se entiende por prestadores de bienes y servicios de cruceros, a las personas físicas y jurídicas, de carácter público provincial o privado, que desarrollen actividades de producción y/o aprovisionamiento de cualquier tipo de manufactura, elementos, implementos, alimentos y bebidas, así como prestaciones técnicas y profesionales a los buques de pasaje que recalan en puertos provinciales.
 

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CRUCEROS

Artículo 13.- Créase el Registro Provincial de Prestadores de Bienes y Servicios de Cruceros, en el cual deberán inscribirse los proveedores comprendidos en el artículo 12, que se acojan a los beneficios previstos en la presente ley y/o utilicen servicios o apoyo de cualquier índole de la Provincia de Tierra del Fuego.

Artículo 14.- La autoridad de aplicación reglamentará la especialidad y categoría de las inscripciones respectivas, en un todo de acuerdo con las prescripciones contenidas en la Ley provincial 65 y en la legislación laboral vigente.

Artículo 15.- Los prestadores de bienes y servicios deberán observar los estándares de calidad y sanidad aplicables para la CEE, normas ISO, etc..

 

TÍTULO VI
 

DE LAS CONTRAVENCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
 

Artículo 16.- El incumplimiento de las obligaciones y reglamentaciones, por parte de los prestadores de bienes y servicios para cruceros, previa sustanciación de sumario y respeto al derecho de defensa, dará lugar a las siguientes medidas:

1. Apercibimiento;

2. multa;

3. cancelación temporal o definitiva de beneficios especiales;

4. inhabilitación temporal para operar en puertos provinciales; y

5. inhabilitación definitiva para operar en puertos provinciales.

Artículo 17.- La autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección Provincial de Puertos, o el organismo que en el futuro pueda reemplazarlo.

Artículo 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

 

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2006.-